Angela Olea
Son muchas las noticias que hemos escrito sobre Uber, la plataforma digital que ofrece a conductores particulares y usuarios de transporte urbano la posibilidad de conectarse para que los primeros ofrezcan servicio a los segundos. La empresa se queda con una comisión del 20% del precio del trayecto, que es establecido por la propia plataforma. Sin embargo, la de hoy es quizá la peor de todas.
Y es que Uber tiene a partir de hoy más difícil su expansión en España ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la empresa californiana que cese en su actividad en todo el territorio nacional por considerar que está ejerciendo «competencia desleal» con los taxistas. Uber, que está presente en más de 200 ciudades en todo el mundo, opera en España en Madrid, Barcelona y Valencia.
El por qué de la «ilegalidad» de Uber
Uber, participada por Google y diversos fondos de inversión estadounidenses, defiende que los conductores cubren así los costes de propiedad y uso de sus vehículos, de manera que el servicio es en el fondo consumo colaborativo que a largo plazo mejorará la movilidad en las ciudades. Sin embargo, esta argumentación es muy discutida tanto por los taxistas como por las administraciones, que consideran que la regulación que afecta al transporte público debería también afectar a este tipo de actividad.
El titular del juzgado de lo Mercantil Nº 2 ha tomado la decisión al estimar la petición de medidas cautelares solicitadas por la Asociación Madrileña del Taxi. El juez considera que de esta forma protege la legalidad vigente, sin entrar a debatir en si Uber y sus conductores suponen un caso de economía colaborativa.
El bloqueo a Uber
El juez ha prohibido la realización de cualquiera de estos servicios de transporte de viajeros bien sea a través de la app móvil o de la página web. Además, ha ordenado a los medios de pago que operan con Uber, como 4B, Visa, Servired o Diners Club que suspendan todas las operaciones de ingreso o pago con tarjeta de uso con Uber. Y simultáneamente ha ordenado a las operadoras de telecomunicaciones que suspendan la transmisión y el alojamiento de datos o la prestación de cualquier servicio a la empresa norteamericana.
¿Es esta la crónica de una muerte anunciada?
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