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Es difícil que pase más de un mes sin que Uber salte a los titulares de la prensa generalista a raíz de alguna polémica con administraciones locales, autonómicas, asociaciones de taxistas o, incluso, países enteros. Ahora, tras haber tenido más de un problema para desarrollar su actividad en ciudades como Hamburgo o Berlín, comienza a operar en Madrid, y, como no puede ser de otra forma, la controversia le acompaña de la mano.

Uber: la polémica llega a la policía

Hace apenas unas semanas, Uber hizo su desembarco en Madrid con su versión más económica, Uberpop, la misma que ya lleva meses funcionando a través de las calles de Barcelona. En aquel momento, las reacciones no se hicieron esperar y representantes del mundo del taxi como Julio  Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid dejaron muy clara su postura: “Es todo o nada. Se trata de la supervivencia del taxi o el triunfo de modos de transporte ilegales e irregulares”

Ahora la polémica comienza a agravarse. Tal y como recogen algunos medios digitales, la Comunidad de Madrid  en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Local, comenzará a inspeccionar y a sancionar a la empresa Uber (y a sus conductores) si no aportan la documentación requerida para ejercer su actividad, con multas que, en el caso de los conductores podrían llegar incluso a los 6.000 euros (18.000 euros si hay reiteración)

En todo caso, esta decisión de las autoridades madrileñas no parece haber importunado en exceso a la empresa.  De acuerdo con su CEO, Travis Kalanick“Hemos visto un buen número de taxistas que han venido a Uber y se ganan la vida mucho mejor. Los taxistas que vienen con nosotros hacen una media de 10.000 dólares más al año.Lo que les diría a los taxistas de Madrid es que vean a Uber como una gran oportunidad para ellos y no como una amenaza. Ayudamos a los conductores a ganarse la vida mejor”

El caso de Berlín

Como te decíamos, Madrid no es la primera (ni probablemente la última) ciudad en pie de guerra contra Uber. La capital germana se sumó en agosto al frente anti Uber, anunciando la imposición fuertes multas,  tanto a empresa como a conductores, en el caso de detectar a alguno de sus vehículos prestando sus servicios de transporte.

Estas sanciones, que serían de 25.000 euros para la empresa, y de 20.000 euros para el conductor, amenazaban con  comprometer seriamente la viabilidad de su modelo de negocio. Sin embargo, uno días después, y tras la apelación de la filial de Uber en Alemania, la autoridad administrativa berlinesa canceló la prohibición hasta nueva orden.

 

 

 

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