El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha anunciado la puesta en marcha de expedientes sancionadores contra “grandes operadores de comercio electrónico” (sin especificar cuáles) por presuntas prácticas de rebajas engañosas durante el Black Friday de noviembre de 2023. La acusación central es el aumento artificial de precios días antes del evento, para luego presentar los mismos precios originales como si fueran una oferta significativa.
“A dos de estos grandes operadores ya se les ha abierto expediente sancionador, mientras continúa abierta la investigación al resto de empresas que habrían incurrido en esta práctica. Los operadores investigados comercializan con una amplia gama de productos (electrodomésticos, electrónica, deportes o cosmética) que pueden adquirirse en tiendas y en grandes superficies”, ha explicado el Ministerio.
La Ley de Ordenación del Comercio Minorista es clara al respecto: durante las promociones, debe mostrarse el precio anterior de los productos, siendo este el más bajo que se haya ofrecido en los 30 días anteriores a la rebaja. El incumplimiento de esta norma, según el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, podría considerarse una infracción grave, con multas que alcanzan hasta 100.000€, y en casos extremos, multiplicar por cuatro a seis veces el beneficio obtenido de manera ilícita.
Este tipo de prácticas no solo afectan la percepción de los consumidores sobre las ofertas reales, sino que también plantean un riesgo significativo para la reputación y la viabilidad financiera de los operadores de eCommerce. La monitorización de precios llevada a cabo por la Dirección General de Consumo, utilizando herramientas como el “Price Reduction Tool” de la Comisión Europea, muestra un esfuerzo serio por parte de las autoridades para garantizar la transparencia y la justicia en las ofertas online.
Como ejemplos de estas prácticas, el Ministerio ha citado:
Para los comercios electrónicos, es crucial adherirse a las normativas vigentes para evitar sanciones y daño reputacional. Implementar sistemas de precios transparentes y justos no solo es una obligación legal, sino también una estrategia comercial que fomenta la lealtad y la confianza del consumidor. Además, las tiendas online deberían considerar la implementación de tecnologías que permitan una revisión constante y automática de los precios para asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones.
Estas prácticas otorgan más valor al uso por parte del público de herramientas de verificación de ofertas durante períodos de grandes rebajas como el Black Friday, para saber si los descuentos son realmente descuentos interesantes para los consumidores.
Imagen: GPT Plus
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