El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha anunciado una nueva regulación para garantizar la transparencia en el uso de algoritmos por parte de las empresas. El ministro Pablo Bustinduy informó que se exigirá a las compañías explicar cómo funcionan los sistemas de personalización de precios y publicidad, evitando cualquier tipo de discriminación o abuso en situaciones de emergencia.
Según lo anunciado, la nueva regulación prohibirá que las empresas modifiquen automáticamente los precios personalizados durante todo el proceso de compra. Esto significa que, una vez que un consumidor inicia la compra con un precio determinado, este no podrá cambiar de forma dinámica hasta que finalice la transacción. El objetivo de esta medida es evitar que los consumidores se sientan presionados a tomar decisiones rápidas por el miedo a que el precio suba en cuestión de segundos, una táctica que algunas empresas han utilizado para incentivar compras impulsivas.
Sin embargo, fuera del proceso de compra, las empresas podrán seguir ajustando los precios dinámicamente en función de la demanda, la hora del día u otros factores, siempre que sean transparentes con los criterios utilizados y no sean discriminatorios.
La medida fue anunciada durante el evento “Derechos de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito digital”, organizado en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras. En el encuentro participaron representantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).
La regulación propuesta por el Gobierno busca dotar a los consumidores de información clara y accesible sobre los criterios que determinan los precios personalizados. Según explicó el ministro Bustinduy, las empresas tendrán la obligación de detallar cómo sus algoritmos fijan precios en función de factores como la ubicación, la demanda, o el historial de compras del usuario. Además, se prohibirá que estos sistemas se basen en criterios discriminatorios, como la condición física, el origen racial o cualquier otra característica que vulnere derechos fundamentales.
Un ejemplo claro es el de los servicios de transporte privado que utilizan tarifas dinámicas. Con la nueva normativa, las empresas deberán informar al usuario sobre los factores que influyen en el precio de su viaje, como la distancia, la hora del día o eventos especiales en la ciudad. Asimismo, se impedirá que el precio aumente en situaciones de emergencia, como cuando a un usuario le queda poca batería en el móvil.
Esta iniciativa da continuidad a las medidas adoptadas por el Ministerio tras la DANA de octubre de 2024, cuando se prohibieron subidas de precios en contextos de urgencia o necesidad. “Ningún modelo de negocio puede sustentarse sobre la vulneración de derechos”, afirmó Bustinduy, destacando la importancia de establecer relaciones de consumo más justas y equitativas en el entorno digital.
En el marco del evento, Ana Caballero, presidenta del CCU, presentó un manifiesto que propone la creación de un Pacto de Estado para la protección de los derechos digitales. El documento plantea medidas como la prohibición de prácticas comerciales que afecten la libre elección de los consumidores, el control del uso indebido de datos personales y la mejora de la accesibilidad digital.
El CCU ha destacado la importancia del Reglamento Europeo de Servicios Digitales (Reglamento UE 2022/2065), que establece nuevas obligaciones para las grandes plataformas en materias como la protección de menores, la lucha contra la desinformación y las noticias falsas, la publicidad engañosa y el uso abusivo de algoritmos para influir en las decisiones de los usuarios. Esta normativa complementa otras regulaciones recientes, como el Reglamento de Mercados Digitales, el de Libertad de Medios y el de Inteligencia Artificial.
El Consejo de Consumidores y Usuarios también ha expresado su apoyo a la pronta aprobación de la Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, actualmente en fase de consulta pública. Esta ley definirá el papel de la CNMC como coordinador de servicios digitales en España, garantizando el cumplimiento del Reglamento Europeo en colaboración con organismos europeos y estatales.
Un punto clave de esta regulación es la figura de los “alertadores fiables“, entidades especializadas en detectar y reportar contenidos ilícitos en plataformas en línea. Estas organizaciones, que pueden ser públicas, privadas o no gubernamentales, deben demostrar competencia y objetividad en su labor. En España, la CNMC será la encargada de otorgar esta condición, y el CCU ha manifestado su intención de obtener el reconocimiento como alertador fiable para actuar con mayor eficacia contra la difusión de contenidos ilegales.
Con esta regulación, el Gobierno refuerza su compromiso con los derechos de los consumidores en la era digital, apostando por un modelo económico más transparente y justo.
Imagen: Flux Schnell
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