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El pasado 11 de mayo el Consejo de Ministros aprobó el decreto de ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio: la Ley Rider, que marca la postura del Tribunal Supremo ante las plataformas que mantenían a los repartidores bajo la figura de “falso autónomo” cuando de acuerdo a esta nueva ley, deben ser asalariados. En ese momento, el Gobierno dio un plazo de tres meses para que las empresas se adaptasen a este nuevo marco legal, y ese plazo acaba de cumplirse.

Los riders, ¿asalariados o autónomos?

Hace no mucho tiempo el servicio a domicilio era una excepción: algunos negocios ofrecían entregas a domicilio, especialmente restaurantes de comida rápida o locales, y para realizar el servicio el mismo establecimiento contaba con un repartidor que tomaba las ordenes por teléfono, mediante un sistema lento y a veces poco eficiente.

Tras la llegada de las plataformas de delivery todo cambió, ya que ahora prácticamente cualquier negocio de cualquier sector en cualquier lugar puede ofrecer envíos a domicilio. Sin embargo la rapidez de la evolución de estas plataformas junto con el modelo de negocio que han manejado hasta ahora, han hecho muy cuestionable su modelo laboral.

Una cuestión que ha terminado en una verdadera guerra jurídica en la que muchos riders (repartidores) han buscado ser asalariados, mientras muchas de las plataformas han asegurado que los riders son autónomos ya que cuentan con gran autonomía, pudiendo elegir las horas y lugares para trabajar, así como prestar sus servicios a otras empresas de delivery.

La justicia obliga a Deliveroo a contratar a sus riders

Ley Rider: las empresas de delivery deben contratar como asalariados a sus trabajadores

En el mes de mayo Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, aseguró durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la Ley Rider sitúa a España “en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia, ya que no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar esto”. Díaz repitió la idea que ya había expresado desde el comienzo de la tramitación de esta ley: «Un joven en bici no es un emprendedor». 

“La afectación es absoluta en todas y cada una de las empresas de España”, aseguró la ministra de Trabajo, ya que aplica a las plataformas digitales que empleen algoritmos o inteligencia artificial”.

Esto es debido a que el nuevo decreto añade el derecho a la información, por el que los trabajadores podrán conocer los algoritmos que inciden en sus condiciones de trabajo, así como en el acceso y mantenimiento del empleo, lo que incluye la creación de los perfiles de los repartidores. Con estos algoritmos, se refiere a los sistemas de gestión que utilizan las empresas de delivery para gestionar sus envíos, decidir quién reparte qué en función de su posición, la ruta a seguir hasta destino, etc. y que además pueden calificar a los trabajadores en función de parámetros como las reseñas de los clientes.

“No queremos jefes que nos griten, ni dispositivos móviles que nos penalicen” aclaró ante este punto la ministra de Trabajo, explicando que “todo el mundo debe conocer las razones que motivan ciertas decisiones empresariales, por lo que deben saber lo que esconde el algoritmo”.

La posición de las empresas de delivery y de los repartidores ante la Ley Rider

La Ley Rider estableció un periodo transitorio de 3 meses, vencido el 12 de agosto, para que las empresas de delivery contratasen a los trabajadores como asalariados, y no solo a aquellas dedicadas al reparto de comida sino cualquiera que se dedique a distribuir cualquier producto.

Ante la nueva Ley Rider se plantearon posturas contrarias: Just Eat ha mantenido una relación de laboralidad con la mayoría de sus repartidores, por lo que ha celebrado esta nueva regulación: “ya que genera seguridad jurídica necesaria para operar con dos principios fundamentales: garantizar los derechos de los repartidores dándoles un contrato de trabajo y asegurar que todos los operadores del sector desarrollen su actividad bajo las mismas reglas”.

Otra empresa más a favor es Grupo Mox, startup logística de última milla que asegura ha aplicado la Ley Rider desde su creación en 2016. “La existencia de una legislación que regule el sector marca un antes y un después”, asegura Gregorio López Martos, CEO global de Grupo Mox. “Es necesario que todos los agentes del mercado tuviéramos un marco legislativo al que atenernos para competir en igualdad de condiciones y sobre todo, para que los propios repartidores sepan si su situación es legal o no”.

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Incluso algunas empresas que mostraron su disconformidad en un primer momento, han ido evolucionando en sus planteamientos hacia una postura más adaptativa.

Así, en el caso de Stuart, la empresa ha emitido un nuevo comunicado, en el que explica que «aunque seguimos creyendo que un modelo flexible basado en repartidores independientes sería el mejor para todas las partes, deseamos mostrar nuestro compromiso con el mercado español cumpliendo con los requisitos de la nueva legislación. En este sentido, durante el periodo de transición, Stuart ya ha empezado un proceso de contratación directa de una parte importante de su flota. Al mismo tiempo, y como contempla la nueva normativa, también contaremos con repartidores que provengan de flotas profesionales.  Asimismo, desde Stuart ya estamos promoviendo un convenio colectivo del sector que recoja las peculiaridades del modelo de reparto de última milla. Entendemos, después de estudiar en detalle los convenios existentes, que es necesario un marco de relaciones laborales justo para los repartidores y que comprenda el modelo operativo de las plataformas digitales».

La respuesta de Glovo y Deliveroo

Sin embargo, no todas las empresas han mostrado la actitud positiva de Stuart. Hace unos días te explicamos el caso de la decisión de Deliveroo de abandonar el mercado español.

Según el comunicado de la compañía, alcanzar y mantener una posición en el mercado español «requeriría un nivel de inversión muy elevado, con rendimiento potencial muy incierto a largo plazo«, con lo que su viabilidad económica podría verse afectada.

En cualquier caso, y a pesar de que la empresa lo niega, algunos de sus empleados aseguran que Deliveroo abandona España debido a que pronto entrará en vigor la Ley Rider que fue aprobada hace un par de años tras un juicio en el que se dictaminó que la compañía deberá contratar a sus riders y abonar los costes de la Seguridad Social, así como las indemnizaciones en caso de despido.

De acuerdo con los datos de la  compañía, actualmente cuenta con 113 empleados en el país, mientras colabora con 3.800 riders y 9.000 restaurantes en 70 ciudades, y si bien Deliveroo opera actualmente en 12 mercados alrededor del mundo, España representó menos del 2% de sus transacciones durante el primer trimestre del año.

Por su parte Glovo, otro de los grandes del sector en España, anunció en el mes de julio que contrataría a 2.000 repartidores para adaptarse a la ley, algo menos de la quinta parte de su actual flota en nuestro país. Para el resto, Glovo busca formas de justificar que cuentan con la independencia necesaria para no ser considerados trabajadores con «presunción de laboralidad», la clave para bordear la nueva legislación. Así, la empresa les permitiría flexibilidad horaria, rechazar pedidos, e incluso la subcontratación de repartidores que hagan el trabajo en su lugar. La respuesta de los sindicatos no tardó en llegar, con una denuncia de CCOO en marcha.

Por otro lado, la asociación Repartidores Unidos ha criticado la nueva Ley Rider ya que asegura que podría provocar “la destrucción y precarización de nuestro trabajo”, mientras la organización RidersXDerechos aseguran “que es una ley insuficiente” ya que es específica de los riders y deja fuera a otros colectivos

 

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