El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy en el World Governments Summit en Dubái un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias destinadas a aumentar el control sobre las plataformas digitales y proteger a los usuarios. Entre esas medidas destaca una que va a dar mucho que hablar, y que sigue el camino de otros países como Australia o Francia: la prohibición de acceso a menores de 16 años.
Las cinco medidas anunciadas por Pedro Sánchez son:
Sánchez ha justificado estas acciones afirmando que las redes sociales se han convertido en un estado fallido: “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”, ha explicado.
Esta tendencia de restringir el acceso a las redes sociales no es un fenómeno aislado de España, sino que responde a un movimiento internacional que cada vez cobra mayor fuerza. El gran referente actual es Australia, que marcó un hito histórico a finales de 2025 al aprobar una ley que prohíbe el uso de estas plataformas a los menores de 16 años, bajo la premisa de que los daños a la salud mental superan cualquier beneficio social.
En el entorno europeo, Francia ha sido uno de los países más activos, endureciendo recientemente su legislación para establecer el límite en los 15 años y obligando a las tecnológicas a implementar soluciones técnicas de verificación más robustas. Por su parte, los países nórdicos también han desarrollado iniciativas en este sentido; Noruega está trabajando para elevar su edad mínima a los 15 años, mientras que Dinamarca mantiene una propuesta similar para evitar que los algoritmos impacten en el desarrollo de los adolescentes. Curiosamente, Noruega ya tiene un límite de edad impuesto de 13 años para acceder a ellas, pero no funciona: más de la mitad de los niños noruegos de nueve años y el 72% de los de once años utilizan igualmente las redes sociales.
Cerca de nuestras fronteras, Portugal está debatiendo actualmente un modelo híbrido que prohibiría el acceso total a los menores de 13 años y exigiría un control parental estricto, vinculado a la identidad digital, para los jóvenes de entre 13 y 16 años. Lo que une a todos estos países es el cambio de enfoque: ya no se trata de que el menor “se porte bien” en la red, sino de trasladar la responsabilidad legal y técnica a las propias plataformas para que impidan su entrada.
No es la primera vez que el presidente del gobierno anuncia iniciativas relacionadas con el ámbito de las redes sociales. El pasado mes de noviembre anunció el impulso de una investigación oficial contra Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, por la presunta violación masiva de la privacidad de millones de usuarios. La gravedad de las acusaciones ha llevado al Gobierno a exigir que la compañía rinda cuentas de manera inmediata ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados.
En su discurso, el presidente llegó a calificar el actual ecosistema de las redes sociales como un “Estado fallido” que es necesario refundar y denunció que los “tecnooligarcas” han priorizado sistemáticamente el beneficio sobre el bienestar y el clic sobre el derecho, socavando la cohesión social y la salud mental de la población.
Imagen: Gemini
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