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Este martes el Consejo de Ministros aprobó el decreto de ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio: la Ley Rider, que marca la postura del Tribunal Supremo ante las plataformas que mantenían a los repartidores bajo la figura de “falso autónomo” cuando de acuerdo a esta nueva ley, deben ser asalariados.

Los riders, ¿asalariados o autónomos?

Hace no mucho tiempo el servicio a domicilio era una excepción: algunos negocios ofrecían entregas a domicilio, especialmente restaurantes de comida rápida o locales, y para realizar el servicio el mismo establecimiento contaba con un repartidor que tomaba las ordenes por teléfono, mediante un sistema lento y a veces poco eficiente.

Tras la llegada de las plataformas de delivery todo cambió, ya que ahora prácticamente cualquier negocio de cualquier sector en cualquier lugar puede ofrecer envíos a domicilio. Sin embargo la rapidez de la evolución de estas plataformas junto con el modelo de negocio que han manejado hasta ahora, han hecho muy cuestionable su modelo laboral.

Una cuestión que ha terminado en una verdadera guerra jurídica en la que muchos riders (repartidores) han buscado ser asalariados, mientras muchas de las plataformas han asegurado que los riders son autónomos ya que cuentan con gran autonomía, pudiendo elegir las horas y lugares para trabajar, así como prestar sus servicios a otras empresas de delivery.

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Ley Rider: las empresas de delivery deberán contratar como asalariados a sus trabajadores

Ahora la nueva Ley Rider ha establecido un periodo transitorio de 3 meses tras la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que las empresas de delivery contraten a los trabajadores como asalariados, y no solo a aquellas dedicadas al reparto de comida sino cualquiera que se dedique a distribuir cualquier producto.

Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, aseguró durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la Ley Rider sitúa a España “en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia, ya que no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar esto”. Díaz repitió la idea que ya había expresado desde el comienzo de la tramitación de esta ley: «Un joven en bici no es un emprendedor». 

“La afectación es absoluta en todas y cada una de las empresas de España”, aseguró la ministra de Trabajo, ya que aplica a las plataformas digitales que empleen algoritmos o inteligencia artificial”.

Esto es debido a que el nuevo decreto añade el derecho a la información, por el que los trabajadores podrán conocer los algoritmos que inciden en sus condiciones de trabajo, así como en el acceso y mantenimiento del empleo, lo que incluye la creación de los perfiles de los repartidores. Con estos algoritmos, se refiere a los sistemas de gestión que utilizan las empresas de delivery para gestionar sus envíos, decidir quién reparte qué en función de su posición, la ruta a seguir hasta destino, etc. y que además pueden calificar a los trabajadores en función de parámetros como las reseñas de los clientes.

“No queremos jefes que nos griten, ni dispositivos móviles que nos penalicen” aclaró ante este punto la ministra de Trabajo, explicando que “todo el mundo debe conocer las razones que motivan ciertas decisiones empresariales, por lo que deben saber lo que esconde el algoritmo”.

La posición de las empresas de delivery y de los repartidores ante la Ley Rider

Ante la nueva Ley Rider hay posturas contrarias: Just Eat ha mantenido una relación de laboralidad con la mayoría de sus repartidores, por lo que ha celebrado esta nueva regulación: “ya que genera seguridad jurídica necesaria para operar con dos principios fundamentales: garantizar los derechos de los repartidores dándoles un contrato de trabajo y asegurar que todos los operadores del sector desarrollen su actividad bajo las mismas reglas”.

Otra empresa más a favor es Grupo Mox, startup logística de última milla que asegura ha aplicado la Ley Rider desde su creación en 2016. “La existencia de una legislación que regule el sector marca un antes y un después”, asegura Gregorio López Martos, CEO global de Grupo Mox. “Es necesario que todos los agentes del mercado tuviéramos un marco legislativo al que atenernos para competir en igualdad de condiciones y sobre todo, para que los propios repartidores sepan si su situación es legal o no”.

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Y del otro lado de la moneda algunas empresas muestran su inconformidad: David Guasch, director de Stuart en España afirmó que quieren “remarcar el fracaso que ha supuesto la Mesa del Diálogo Social. Lamentamos profundamente la falta de apoyo por parte de la principal patronal hacia las plataformas a la hora de presentar alternativas regulatorias, provocando que finalmente no se haya adoptado ninguna de las propuestas de las plataformas de reparto. Consideramos que esta nueva regulación requería no solo de la participación el sector afectado, sino también un debate parlamentario amplio y sosegado, teniendo en cuenta que este sector actualmente aporta 700M€ al PIB nacional, y pone en peligro más de 15.300 empleos totales en España”.

Por otro lado, la asociación Repartidores Unidos ha criticado la nueva Ley Rider ya que asegura que podría provocar “la destrucción y precarización de nuestro trabajo”, mientras la organización RidersXDerechos aseguran “que es una ley insuficiente” ya que es específica de los riders y deja fuera a otros colectivos

 

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