Susana Galeano
La Unión Europea ha anunciado que Google tendrá que pagar nada menos que 4.343 millones de euros por haber caído en un “grave comportamiento ilegal” al obligar a los operadores móviles y fabricantes de dispositivos Android a instalar de forma predeterminada sus servicios. Sin embargo, el gigante de Internet no comparte este criterio y el CEO de Google, Sundar Pichai anunció que la empresa recurrirá la sentencia de la Comisión.
El conflicto: la UE contra Google y las restricciones en Android
Al imponer esta multa, la Unión Europea tiene como objetivo defender su obligación legal para lograr que los consumidores tengan la máxima capacidad de elección, así como impedir que se encuentren en una situación en la que una compañía frene la innovación tecnológica por su dominio.
Y es que de acuerdo al regulador, Google ha utilizado Android como un vehículo para lograr consolidar el dominio de su motor de búsqueda, al obligar a los fabricantes de móviles el preinstalar las apps Google Search y el navegador Chrome como condición para conceder la licencia para acceder a su tienda de aplicaciones, Play Store.
Google cede ante las peticiones de la Unión Europea para evitar más multas
El CEO de Google asegura que Android ha creado más opciones para sus usuarios
Por medio de un comunicado publicado en el blog de la compañía, el CEO de Google, Sundar Pichai aseguró que la decisión de la Unión Europea “ignora el hecho de que Android compite con los teléfonos móviles bajo sistema operativo iOS, algo que el 89% de los encuestados por la Comisión confirmó”.
Pichai también señala el hecho de que miles de fabricantes de teléfonos móviles así como operadores de redes crean y venden dispositivos Android, además de millones de desarrolladores de apps alrededor del mundo que han creado su negocio con Android.
De hecho, el CEO de Google asegura que gracias a Android “un móvil típico viene precargado con hasta 40 apps de múltiples desarrolladores, no solo de la compañía a la que se le compró el móvil. Si se prefieren otras apps (o navegadores, o motores de búsqueda) a las precargadas, puede desactivarlas o eliminarlas fácilmente y elegir otras apps, incluidas algunas de las 1,6 millones de las que han creado desarrolladores europeos”.
Además, Pichai es contundente al afirmar que desde el 2007 Google decidió ofrecer Android a los fabricantes y operadores de redes móviles de forma gratuita, y mientras hay “costes involucrados en la construcción de Android” la inversión al desarrollarlo cobra sentido al poder “ofrecer a los fabricantes de teléfonos móviles la opción de precargar un conjunto de apps populares de Google (como Search, Chrome, Play, Maps y Gmail) algunas de las cuales generan ingresos, mientras que todas ellas aseguran que el móvil “funcionará” recién salido de su caja”.
“Con el tamaño, viene la responsabilidad” asegura Sundar Pichai
“Los fabricantes de teléfonos móviles no tienen que incluir nuestros servicios; además son libres de preinstalar aplicaciones competidoras junto con las nuestras. Esto significa que obtenemos ingresos solo si nuestras apps están instaladas y si las personas eligen usar nuestras aplicaciones en lugar de las rivales”, señaló el CEO de Google.
Así, de acuerdo a su punto de vista, al precargar apps de Google en los sistemas operativos Android, tanto los consumidores, como los socios obtienen beneficios ya que “si los fabricantes de móviles y los operadores no pudieran incluir nuestras apps en su amplia gama de dispositivos, alteraría el equilibrio del ecosistema Android” ya que asegura que esto “no hemos tenido que cobrar a los fabricantes de móviles nuestra tecnología”.
De este modo el CEO de Google afirma que la decisión tomada por la Unión Europea rechaza el modelo de negocio que admite Android “que ha creado más opciones para todos, no menos”.
Y mientras que la decisión del regulador comunitario otorgó a Google un plazo de 90 días para poner fin a sus “prácticas ilegales” o podría ser multado con hasta el 5% del volumen de negocios mundial medio diario, Pichai aseguró que la compañía recurrirá la decisión de la Comisión ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo.
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