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Casi un año después de la primera batalla jurídica por el transporte colaborativo, BlaBlaCar demanda a España respondiendo a la sanción que le interpuso un juzgado en Madrid por vulnerar el derecho europeo a la libre prestación de servicios.

La economía colaborativa: un dolor de cabeza legislativo

Se escribe así un nuevo capítulo en la serie de confrontaciones entre las empresas de economía colaborativa y las autoridades. En esta ocasión se trata de BlablaCar, la plataforma dedicada a compartir coches entre particulares.

Anteriormente, BlaBlaCar fue llevada a los juzgados por la asociación de empresarios de autobuses Confebus quien arremetió contra la compañía francesa acusándola de competencia desleal. BlablaCar rebatió la suspensión en los tribunales, argumentando que la compañía sólo gestionaba y trasmitía la información que los usuarios proporcionaban para llevar gente en su coche.

Destacando el principal modelo de la Economía Colaborativa, que es obviamente colaborar entre particulares y que, en este caso, compartan los gastos de un viaje en coche, Jaime Rodríguez, Country Manager Spain & Portugal en BlaBlaCar defendió en la entrevista que sostuvimos con él, que su compañía no era competencia desleal del autobús.

BlaBlaCar demanda a España por vulnerar su derecho a prestar servicios

A pesar de esto, la Comunidad de Madrid impuso a la compañía su primera sanción. Dos multas a conductores de BlaBlaCar por ánimo de lucro y tres expedientes abiertos contra la compañía, dos por facturar los servicios y uno más por ofertar servicios de transporte sin contar con la licencia correspondiente. Estas sanciones son por 8.800 euros mientras que a cada conductor se le impuso una sanción de 4.001 euros.

Pero esto no iba a quedar así. Ahora BlaBlaCar demanda a España ante la Unión Europea, ya que considera que las prácticas administrativas que ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid vulnera en derecho europeo a la libre prestación de servicios y su libertad de establecimiento dentro del territorio de la Unión Europea.

Además solicita al a Comisión que tome medidas oportunas para evitar que la Comunidad siga con estas prácticas y que requiera al Estado español clarificar la legislación aplicable a su actividad.

Sobre esta demanda, Rodríguez afirmó que la Comunidad de Madrid exige unas licencias “que ni BlaBlaCar, ni sus usuarios, necesitan en ninguna parte de Europa y que, aunque quisieran, les sería imposible obtener en España. Esto es un claro obstáculo a la libre prestación de nuestros servicios”

Este proceso podría durar entre 6 y 18 meses, en los cuales la Comisión deberá emitir un dictamen sobre la infracción y si habrá que tomar medidas acerca de ella.

El marco legal deberá incluir las nuevas empresas colaborativas

BlaBlaCar insiste en que compartir el coche es igual de legal que ha sido siempre y lamenta el efecto en la reputación que han tenido estos expedientes sancionadores de la administración madrileña.

Los servicios basados en las nuevas tecnologías tienen aún muchas aristas que alisar. Las cuestiones normativas y las licencias locales deberán ser modificadas y adecuadas para poder recibir a estos nuevos servicios que se ofrecen y que son tan difíciles de ubicar en el marco legal por ahora.

La sentencia que se dicte sin duda marcará un precedente importante para todas estas nuevas plataformas que ofrecen servicios y que están, por ahora, en este espacio gris en materia legislativa.

Imagen: Shutterstock.com

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