Susana Galeano
Llevando a cabo su plan de acción en contra de la proliferación de pisos turísticos ilegales, la Alcaldesa Ada Colau ha impuesto una multa a Airbnb y Homeaway de 30.000 euros por incluir en sus plataformas inmuebles sin licencias y no haber facilitado los datos de estos pisos irregulares.
El alquiler colaborativo es legal en Barcelona, pero implica reglas
Curiosamente, hace un año el Gobierno catalán anunció que el alquiler colaborativo de apartamentos serían legal, estableciendo una serie de reglas a cumplir por parte de los dueños para poder promover sus pisos y habitaciones en renta por medio de estos portales. A pesar de estas normas y de la viabilidad de cumplir con ellas y poder tener, de forma legal, las habitaciones disponibles en sitios como Airbnb y Homeaway, parece que muchos de ellos no han estado de acuerdo y la vigilancia de la Alcaldesa ha sido dura.
El Ayuntamiento ha ordenado cerrar 256 viviendas mientras investiga 406 más gracias a las denuncias que han realizado los vecinos, además el Ayuntamiento ha advertido a los portales que si no colaboran con la Administración y no retiran los anuncios de pisos turísticos ilegales serán acreedores con sanciones hasta de 600.000 euros.
Con el objeto de revisar el estado de los pisos de alquiler, el Ayuntamiento ha creado un equipo de revisores que se dedican a comprobar en persona la existencia de este tipo de viviendas tras un rastreo por Internet y recabando información en las plataformas, con los vecinos y los turistas mismos.
Multa a Airbnb y a los pisos ilegales que han sido detectados
Los propietarios de estos pisos ilegales también han sido sancionados con 300.000 euros y se les ha pedido que cesen su actividad, además otros 126 pisos legales serán multados con 3.000 euros por incumplir la obligación de publicar su número de Registro de Turismo de Cataluña en sus anuncios de Internet.
En realidad Ada Colau multa a Airbnb y a Homeaway por ser los dos portales que tenían mayor número de avisos ilegales. Esta mano dura se debe, según su juicio, a garantizar el derecho a la vivienda y paliar la pérdida de residentes en barrios como Barceloneta o el Gótico, que ha perdido un 40% de población autóctona.
Los propios barceloneses han sido llamados a denunciar cualquier actividad ilegal de la que tengan conocimiento en su barrio por medio de varios canales que incluyen la web que habilitó el consistorio, la cual ha recibido ya 375 denuncias que se están investigando, además de las 807.000 cartas para animar a los vecinos a colaborar en la detección de pisos turísticos ilegales.
La buena salud de Airbnb no entiende de multas
A pesar de estos problemas que enfrenta Airbnb, su capitalización sigue a la alza ya que acaba de cerrar otra ronda de financiación donde alcanzó los 850 millones de dólares, llevando a la compañía a obtener un valor de 30.000 millones de dólares.
La última ronda de financiación que tuvo Airbnb fue en 2015 logrando 1.400MM€, y posteriormente logró una línea de crédito por 885 millones de euros, queriendo quizás evitar que su compañía salga a la bolsa, ya que al parecer desean que permanezca privada el mayor tiempo posible.
Esta valoración de fondos hará que Airbnb sea la tercera compañía privada más valiosa, por detrás de Uber y Xiaomi Corp. Todo un unicornio que, sin embargo, no podrá evitar la acción del gobierno de Barcelona.
Imagen: Shutterstock.com
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