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La lucha judicial entre Barcelona y Airbnb continúa. Esta vez apuntando una importante victoria para la compañía de economía colaborativa. Un juez de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC estimó el recurso interpuesto por la aplicación tras pagar la multa y ha decidido que Airbnb no es ilegal.

La batalla legal entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb

En esta lucha que ha durado meses, la Alcaldesa Ada Colau ha impuesto varias multas a la plataforma desde hace ya algún tiempo. En un primer momento el Gobierno catalán quiso ser el primero en regular la actividad de compañías como Airbnb, anunciando una serie de reglas que los propietarios de apartamentos deberían cumplir.

Más tarde, el ayuntamiento sancionó a esta plataforma con 30.000 euros  por incluir en sus servicios inmuebles sin licencias y no haber facilitado los datos de estos pisos irregulares, además de advertirles que deberían colaborar con la Administración y retirar los anuncios de pisos turísticos que no contaran con la reglamentación.

Más tarde, en noviembre pasado, Airbnb se hizo acreedora de otra sanción por parte del ayuntamiento. En esta ocasión la multa ascendió a 600.000 euros debido a que la plataforma continuó con su actividad anunciando pisos turísticos sin licencia y, según la alcaldesa, de forma ilegal.

Airbnb no es ilegal ya que existe un vacío normativo para las economías colaborativas

Ahora, al fin se ve ganar una batalla a la compañía de economía colaborativa ya que la decisión del Tribunal Superior de Justicia Catalana decidió que Airbnb no es ilegal, y ha anulado la primera multa que se impuso en 2014 de 30.000 euros.

El juez hace referencia a la “falta de regulación que aborde íntegramente el alquiler de vivienda por particulares, hasta ahora con carácter muy residual” por medio de anuncios. Y claro, hay un vacío normativo en cuanto a las economías colaborativas que habrá que revisar a profundidad.

La Generalitat sancionó a Airbnb bajo la premisa de que al intermediar entre los turistas y los propietarios de apartamentos lleva una comisión por transacción y no es un simple tablón de anuncios donde no obtuvieran ganancias.

Sin embargo, la gestión de las reservas, fijación de precios y las especificaciones concretas del uso de las viviendas alquiladas la establecen sus titulares, según lo que dicta la sentencia. Así, Airbnb no es ilegal y solo intermedia con la realización de un proceso tecnológico de aproximación entre el cliente y la persona dispuesta a ceder por precio el uso temporal de su vivienda.

En sí, el proceso claramente comercial de ofrecer intermediación no está anudado a la exigencia de una habilitación turística específica que haya sido identificada por la Administración, y eso expone la sentencia.

El magistrado concluye que “la recurrente (Airbnb) realiza una actividad económica específica no regulada en términos tales que pueda afirmarse que se infringe la normativa de modo flagrante, tal como se exige al imponer sanciones”.

Una decisión judicial que marcará precedentes para la economía colaborativa

Este precedente tendrá gran repercusión no solo para Airbnb, cuyas dos sanciones posteriores ya están en entredicho, sino para todas las compañías que trabajan bajo el modelo de economía colaborativa y cuyos servicios aún no están regulados propiamente.

A pesar de que el Ayuntamiento de Barcelona anunció que recurrirá la decisión, lo más coherente será a partir de ahora tratar de regular este tipo de economías en base a modelar nuevos marcos legales que incluyan con los sistemas tradicionales y las nuevas economías.

Otras plataformas con servicios colaborativos como BlaBlaCar y su confrontación con la comunidad de Madrid, Homeaway quién tenía el mismo problema sobre pisos ilegales y muchas otras plataformas tendrán ahora un espacio para defenderse, y las leyes deberán ser reguladas.

Imagen: Shutterstock.com

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